Violaciones de la Soberanía y la Seguridad Alimentaria:
La determinación de metas productivas en función del mercado, fundado en la atención de la demanda solvente (por Ej.: exportación de soja), ya que ésta obliga con frecuencia cada vez mayor a recurrir a la importación de alimentos, incluso de algunos que hace un tiempo no muy lejano se producían en el País. Ello implica una dependencia de alimentos de terceros países, así como también la disminución de la oferta de alimentos para atender los requerimientos de la población más vulnerable y de menores ingresos, con significativas consecuencias sobre la salud de sus miembros y el presupuesto requerido para la atención de enfermedades generadas y/o potenciadas por la mal nutrición, tanto cualitativa como cuantitativamente.
Argentina cuenta con los recursos naturales suficientes para la producción de los alimentos y otros bienes de consumo diario requeridos por la población, pero la disponibilidad de ellos está concentrada cada vez más en pocos titulares y el uso de ellos está determinada por el mercado, predominantemente externo. Ello implica que no se encuentran disponibles en su totalidad y menos aún para satisfacer requerimientos de la población no solvente.
Cargill, ADM, Bunge, Toepfer y Dreyfus, operan y se expanden velozmente tanto en el norte como en el sur de la región. En Argentina, las 5 compañías exportan el 78% del trigo, 79% del maíz, 71% de la harina de soja, 95% del aceite de soja y el 99% del girasol. Esta situación se repite en casi toda Sud América, lo que implica que el grueso de la producción mundial de alimentos exportables está en manos de estas empresas, que tienen gran poder en las negociaciones comerciales.
Los monocultivos y los cultivos en gran escala han conducido al desmoronamiento de los tradicionales mecanismos de SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA construidos en el transcurso de varias generaciones como la agricultura familiar. Como efecto de los monocultivos asociados a inadecuadas tecnologías de punta, el medio rural fue perdiendo habitantes que, en su mayoría, pasaron a formar parte de la porción de población que vive marginada en los centros urbanos y en los pueblos de mayor magnitud. Ésta inmigración implica la desaparición del hogar y el hábitat.
La introducción de nuevas variedades y paquetes tecnológicos (Ej.: semillas transgénicas y herbicidas a pagar después de la campaña, impulsado por las transnacionales con complicidad del Estado), han provocado la pérdida de la biodiversidad, natural y de cultivos básicos de la alimentación regional, la desaparición de los sistemas de producción tradicionales (agricultura familiar) de los pequeños productores, ante el desigual acceso a los recursos productivos que tienen comparados con los medianos o grandes productores. Todo esto ha contribuido a una mayor inseguridad alimentaria para los pobres. (FAO).
No existió en estos primeros años, ninguna consideración importante sobre los derechos hacia el consumidor en el sentido de la necesaria identificación de lo productos o su etiquetado, tanto de los productos cosechados en el campo como de los alimentos derivados de estos transgénicos. Ni las empresas, ni el Estado, han observado esta posibilidad, considerado por ambos sectores como un costo adicional innecesario y una interferencia en el proceso de comercialización.
Los argentinos en general, jamás se enteraron adecuadamente de lo que ingerían. El ya lamentable episodio, impulsado por los promotores del grupo Bio sobre la llamada “Soja Solidaria” ha dejado el sabor “rancio” de un alimento no reconocido en los paladares de los argentinos (ni pobres ni ricos) sobre todo los aspectos de riesgo nutricional y alimenticio que no fueron tenidos en cuenta, al impulsar un “regalo” de esta magnitud a los excluidos del país y la casi ausencia de un gobierno, que luego del fuerte llamado de atención de varias organizaciones civiles, promovió una discusión científica y social mucho más seria, realizando las pertinentes recomendaciones. Los niños que se pretendía alimentar son los que se encuentran en mayor riesgo. Luego de nueve años de liberación comercial de la soja y los alimentos transgénicos, continúa aún tan vigente como entonces una deuda de respeto hacia el consumidor y la sociedad argentina: el derecho por saber y elegir.
